“…es un acto jurídico de Derecho Público, por medio del cual los ciudadanos ejercitan un derecho y cumplen con una obligación constitucional de carácter político, que tiende a crear, reconocer y producir consecuencias de derecho, en el ámbito electoral, para decidir quién debe asumir un cargo público de representación colectiva.”
Sánchez Gómez Narciso, El financiamiento de los partidos políticos, México, Porrúa, 2007, p. 30.
