“…es un autentico juicio en el que el servidor público tiene derecho a aportar pruebas y defensas que considere para desvirtuar las imputaciones que se le formulan y si así lo hiciere, la autoridad está obligada a resolver conforme a ello y en consecuencia absolverlo.
En ese mismo sentido y en caso de emitirse una resolución sancionadora, se deberá acreditar legalmente y con los elementos suficientes que el servidor público cometió la falta.”
Ruíz Esparza, Alberto Gándara, Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, México, Porrúa, 2007, pp. 12-13.
